Exdefensora de la niñez y el impacto en las víctimas de abuso: «Enterarte por la prensa de que tu abusador está libre es una situación incomprensible»

La reciente revelación sobre la liberación de decenas de personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad generó una profunda conmoción social e institucional. En total, una investigación dio cuenta de 33 de los 56 condenados que ya se encuentran en libertad tras beneficiarse de decretos de rebaja de condena. Asimismo, la medida se adoptó sin previa notificación a las víctimas y pese a existir informes de Gendarmería de Chile que advertían sobre un alto riesgo de reincidencia en varios de los casos.

Frente a esta delicada situación, la abogada y exdefensora de la Niñez, Patricia Muñoz, abordó el tema en Palabra Que Es Noticia. La abogada analizó la complejidad que enfrentan las personas afectadas. Con una amplia trayectoria de casi una década como fiscal especializada en delitos sexuales, la profesional enfatizó la gravedad de este escenario. Al respecto, Muñoz manifestó: «Imagínate qué es para una víctima enfrentar un proceso con lo que significa un juicio para lograr que se condene a tu abusador, a tu violador, con la dificultad que eso representa. Esto lo digo con bastante propiedad, habiendo sido casi 10 años fiscal especializada en delitos sexuales. Y habiendo tenido una trayectoria en el Ministerio Público que conoce las dificultades que se enfrentan».

El desamparo de las víctimas ante la liberación de sus agresores

En este sentido, la abogada remarcó el profundo estado de indefensión en que quedan las víctimas al enterarse por medios de comunicación sobre la salida de sus agresores.

Sobre este punto, la especialista sostuvo: «Te enteras por la prensa que estás dentro de quienes pueden estar expuestos a que tu violador o tu abusador esté libre y tú ni siquiera sabes cómo protegerte de eso. Es súper grave. Es una situación que realmente resulta compleja de explicarle a las víctimas. Sobre todo teniendo en consideración que se tomó una definición clara que tenía que ver con que las personas que cometían este tipo de delitos aberrantes contra niños iban a tener la obligación de cumplir sus penas íntegramente sin acceder a rebaja de condena. Desde donde se le mire es algo que para las víctimas va a resultar incomprensible».

La reincidencia de los condenados

Uno de los aspectos más complejos en los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes radica en la dinámica de las denuncias y la cercanía de los agresores. Por lo general, un porcentaje mayoritario de estos delitos lo cometen familiares o personas cercanas al entorno de la víctima. Por consiguiente, esta cercanía genera un conflicto emocional devastador al momento de develar el abuso.

A partir de esta realidad, Patricia Muñoz detalló las dificultades del proceso judicial y la ambivalencia que experimentan los menores. Sobre esta materia, la exdefensora de la Niñez explicó: «El llegar a una instancia de juicio ha implicado para una víctima enfrentarse a muchísimas dificultades. A tener que prestar declaración y contar lo que le pasó. En un porcentaje altísimo de los casos quienes cometen los delitos son familiares o personas que las víctimas conocen. Por lo tanto, está esa ambivalencia relacional de cómo denunciar a quien supuestamente me tenía que proteger y comete estos actos que resultan indescriptibles desde el punto de vista del impacto que provocan en su desarrollo, que muchas veces es un impacto irreparable».

Insuficiencia de la buena conducta penitenciaria

Asimismo, la especialista cuestionó con dureza que la simple buena conducta en el recinto penitenciario sea suficiente para otorgar la libertad. Según explicó, los informes psicosociales elaborados por Gendarmería alertan sobre la probabilidad de reincidencia en delincuentes sexuales.

En consecuencia, Muñoz argumentó: «Cuando se hacen los informes psicosociales de parte de Gendarmería, lo que se ha levantado es la posibilidad de reincidencia. Cuando hablamos de quienes cometen delitos sexuales contra niños. La exposición de otros niños a que este tipo de hechos se repita es una realidad que hay que controlar. Por eso me parece que es evidente que la sola buena conducta al interior de un penal, de un sujeto que ha sido condenado por violación o por abuso, no puede ser en ningún caso mérito suficiente para resolver que esta persona realmente está rehabilitada y en condiciones de rebajar su condena para volver a integrarse a la sociedad, considerando el riesgo que puede tener su libertad para otros niños».

La omisión de las alertas institucionales y el impacto psicológico

Adicionalmente, la exautoridad apuntó a las fallas en las decisiones tomadas por la comisión revisora y por el propio Ministerio de Justicia. A pesar de los informes desfavorables que emitieron las autoridades penitenciarias, los decretos de rebaja se firmaron y autorizaron.

Por esta razón, la jurista subrayó la falta de consideración hacia el riesgo que implica la liberación de estos delincuentes. En relación con este punto, Muñoz señaló: «Cuando consideras que en estos casos tienes esa advertencia claramente formulada por Gendarmería de Chile y es desatendida por la autoridad que inicialmente analiza los antecedentes, que es la comisión, y luego desatendida por quien resuelve autorizar las rebajas, que es el ministro de Justicia por orden del presidente de la República, es algo absolutamente complejo que lo que hace es no atender a la gravedad que representa la situación. Ustedes se imaginarán el impacto psíquico que tiene para una víctima volver a encontrarse con su agresor, sobre todo en estos delitos que son tan violentos».

Criterios judiciales y la necesidad de un sistema de ejecución de penas

Por otra parte, la controversia trasciende la decisión administrativa y abarca la interpretación legal que realiza el Poder Judicial. Aunque la legislación promulgada en 2022 buscaba impedir rebajas de condena en delitos sexuales a menores, diversos fallos de la Corte Suprema aplicaron el principio de irretroactividad penal para otorgar beneficios.

Frente a este dilema, Patricia Muñoz reafirmó su postura histórica sobre la necesidad del cumplimiento íntegro de las sanciones. Además, planteó que la solución definitiva requiere modificar cómo se entiende la legislación penitenciaria en el país. Sobre este debate jurídico, la especialista indicó: «A mí me parece evidente que quienes cometen este tipo de delitos deberían cumplir sus penas íntegramente. La ley era suficientemente clara y el espíritu del legislador era suficientemente claro, al menos desde el año 2022, en establecer que quienes habían sido condenados por delitos sexuales cometidos contra niños no tuvieran acceso a la rebaja de penas».

Finalmente, la exdefensora instó a concretar una reforma estructural en la materia para evitar que estas fallas se repitan en el futuro. Para concluir, la abogada aseveró en Palabra Que Es Noticia: «Es esencial que avancemos en el establecimiento en Chile de un sistema de ejecución de penas donde quede claramente establecido que todo este tipo de legislación es de índole penitenciario, administrativo y judicial, a través de la ejecución de la pena. De esa manera, todo lo penal se ha terminado desde la imposición de la sanción».