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«El acuerdo con camioneros refleja una debilidad institucional muy riesgosa»

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto para contener el alza de los combustibles. La medida responde al acuerdo entre el Gobierno y los camioneros tras el paro de transportistas. Sin embargo, el costo fiscal y las condiciones de la negociación encendieron alarmas económicas.

Por este motivo, el economista Germán González analizó el congelamiento de tarifas y las señales del Ejecutivo en conversación con Andrea Moletto y Antonio Quinteros en Palabra Que Es Noticia.

Un costo fiscal de 800 millones de dólares con alta incertidumbre

En primer lugar, la iniciativa implica un gasto estimado de 800 millones de dólares para congelar tarifas. No obstante, el costo final dependerá del precio internacional del petróleo.

Sobre este punto, Germán González remarcó la necesidad de transparencia al concluir el beneficio. Según explicó el especialista: «Desde el punto de vista fiscal es una cifra significativa, 800 millones de dólares, que es lo que costaría este proyecto. El costo final dependerá de lo que ocurra efectivamente con los precios de los combustibles en los próximos meses».

Asimismo, el ex consejero del Consejo Fiscal Autónomo insistió en evaluar el gasto real a futuro. En este sentido, sostuvo: «Sería bueno que de aquí a marzo o abril, cuando termine el periodo de congelamiento de las alzas de precio, la opinión pública pueda saber cuánto efectivamente costó esta medida».

Por otro lado, aunque las arcas públicas cuentan con mayores ingresos por el cobre, el experto cuestionó la asignación de estos fondos.

El giro del Gobierno: del traspaso total al congelamiento de precios

Por su parte, la gestión de las autoridades mostró profundos cambios de criterio durante el año. En marzo pasado, el Ejecutivo traspasó todo el aumento internacional a los consumidores.

Sin embargo, aquella determinación provocó un fuerte impacto en el consumo. Sobre esa decisión inicial, González afirmó: «Desde el punto de vista político fue una muy mala decisión. El gobierno decidió en ese momento en marzo que lo que correspondía era traspasar el costo a los hogares y a las empresas, a los transportistas, pero también a todos nosotros».

En consecuencia, el traspaso directo afectó el poder adquisitivo. De este modo, el analista agregó: «A la luz del paso del tiempo, es evidente que esa decisión fue no solo políticamente incorrecta, sino que generó un impacto en las expectativas de los agentes y por lo tanto en el consumo y en el poder adquisitivo».

En este contexto, la postura actual de congelar tarifas refleja un cambio de criterio no admitido formalmente. Según indicó el académico: «Yo creo que hay un reconocimiento del error que se cometió en la decisión de marzo, a pesar de que en la práctica el gobierno no lo reconozca así».

Debilidad institucional frente a los grupos de presión

Adicionalmente, el aspecto más complejo del acuerdo radica en ceder ante la movilización de los transportistas. A juicio de González, ceder tras el bloqueo de rutas sienta un peligroso antecedente.

En esta línea, el ex consejero advirtió de forma categórica: «En mi opinión esto refleja una debilidad institucional que es muy riesgosa pensando en lo que viene hacia adelante».

Por lo tanto, la respuesta estatal frente a la presión gremial altera la certeza económica. De acuerdo con el economista: «El gobierno mostró que frente a esta presión está dispuesto a asumir un costo significativo que podría llegar a 800 millones de dólares para contener o congelar los precios».

Por esta razón, resulta indispensable perfeccionar el mecanismo de estabilización antes de marzo. Al respecto, González enfatizó: «El MEPCO es parte de la institucionalidad económica y este evento refleja la necesidad de un fortalecimiento institucional que evite que esto se produzca en el futuro. Hay espacio de aquí a marzo para hacer una mejora legal relevante».

Soluciones graduales y el debate sobre el gasto público

Por otro lado, la política económica debió optar por esquemas progresivos en lugar de alternar entre extremos. Chile requiere mecanismos que suavicen fluctuaciones internacionales.

Sobre esta materia, González planteó: «Nos fuimos a los dos extremos: al principio del año, traspaso completo de los precios de la gasolina y el diésel; hoy día, congelamiento de precios. Pienso que las soluciones intermedias de traspasos graduales son mucho mejor toleradas por la opinión pública, por los hogares y por las empresas».

Finalmente, el economista cuestionó destinar cuantiosos recursos públicos a un sector específico mientras persisten otras prioridades sociales urgentes.

En esta perspectiva, González concluyó en Palabra Que Es Noticia: «El gobierno se encontró con una situación muy compleja, con riesgo de agravamiento de las movilizaciones, y terminó cediendo a las presiones. Esa no es la forma en que debiera resolverse cómo se usan los recursos públicos. Hay múltiples necesidades. El país hoy día tiene más de un millón de personas desempleadas. Lo que vimos fue que grupos de presión lograron 800 millones de dólares o más en su beneficio».

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