Luis Cordero y la crisis en Justicia: «Cuando el presidente sale a dar un punto de prensa, significa que las estructuras previas no funcionaron»
La controversia generada por el otorgamiento de beneficios penitenciarios y rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores desencadenó un complejo escenario político e institucional para el gobierno. En medio de las crecientes críticas de diversos sectores, el exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, analizó en Palabras Sacan Palabras el impacto de esta situación y la decisión presidencial de respaldar públicamente al titular de Justicia.
Respecto a las facultades del mandatario, Cordero enfatizó la naturaleza reservada de dicha atribución constitucional. De manera categórica, señaló: «A mí me parece impropio, sobre todo cuando uno ha sido exautoridad, que uno comente sobre las atribuciones que yo considero siempre son privativas del presidente de la República. Lo que a veces las personas suelen olvidar es que los presidentes toman decisiones no solo respecto de la visibilidad de la discusión pública, sino que también de cómo se articulan los gobiernos».
Sin embargo, el exministro advirtió sobre los costos políticos que acarrea la intervención directa del jefe de Estado en una contingencia de esta magnitud. En ese sentido, explicó la dinámica interna de la gestión de crisis institucional: «En un sistema presidencial como el chileno y sobre todo en el rol que tienen los ministros de Estado, siempre es muy problemático exponer inmediatamente al presidente de la República. Cuando un presidente de la República sale a dar un punto de prensa para resolver, eso significa que las estructuras previas en el gobierno no funcionaron». Además, agregó: «Cuando el presidente sale y zanja el punto, hay todo un costo que asume un presidente de la República. Por eso, en general los gobiernos, en las gestiones de crisis, al último que uno debiera exponer es al presidente de la República».
El origen técnico del conflicto y el cambio de criterio
Para comprender el origen de la problemática, Cordero recordó que la discusión radica en la aplicación de la reforma aprobada durante la administración anterior. Esta iniciativa buscaba restringir beneficios a responsables de abusos sexuales infantiles. Sobre este punto, el exsecretario de Estado detalló: «El origen de toda esta discusión es una reforma que se aprobó el año 2022, que es una iniciativa que viene de un conjunto de proyectos de ley que gestionó la administración del presidente Piñera para abordar los temas de delitos sexuales contra menores de edad. Esto es una iniciativa que tiene por finalidad reducir o excluir del otorgamiento de beneficios de reducción de condena a aquellas personas que están condenadas por este tipo de delito».
El debate central gira en torno a si la rebaja de condena se considera una parte de la pena o un beneficio administrativo. Al respecto, Cordero sostuvo la postura histórica del Ministerio de Justicia: «La defensa del proyecto original, tanto de la administración Piñera como la posición sistemática hasta ahora del Ministerio de Justicia, es que los beneficios de rebaja de condena son tramitación administrativa y por lo tanto los requisitos se deben cumplir al momento de postular».
Por lo mismo, cuestionó que la cartera de Justicia haya variado su doctrina administrativa a partir de mayo de 2026. En su evaluación, afirmó: «Una de las cosas que pudo haber hecho el ministro es haber mantenido el criterio que tenía hasta mayo. Cuando el ministro decide tomar el cambio de posición, habían antecedentes para haber mantenido esa doctrina. Y creo que es una doctrina que es relevante seguir defendiéndola».
Tribunales de ejecución de penas: la solución estructural
Frente a las iniciativas legislativas presentadas para cerrar vacíos legales, Cordero sostuvo que las reformas parciales no resuelven la causa profunda. Asimismo, remarcó la necesidad de avanzar hacia una judicatura especializada en la materia. Según el abogado: «Este no es un debate exclusivamente asociado a los condenados por delitos sexuales de menores de edad. Se replica en otros beneficios y en otras penas alternativas en nuestro país».
De igual manera, advirtió sobre los riesgos de legislar bajo la presión de la coyuntura: «La solución va a ser siempre parcial si no vemos un problema que es más estructural. Esto no soluciona los problemas de fondo. Es conveniente no tomar decisiones en el apuro. Porque los apuros pasan y las pifias quedan».
Por el contrario, planteó que la alternativa definitiva se encuentra estancada en el Congreso. En este sentido, recalcó: «Lo razonable es despachar ese proyecto que está hoy día en el Senado, que fue ampliamente aprobado en la Cámara de Diputados, que tiene informe financiero, y despachar ese proyecto y resolver de una vez no solo el caso de delitos sexuales contra menores de edad, sino que en general esta discusión en la que estamos trabados sobre beneficios penitenciarios».
Doctrina de Defensa y el rol de las Fuerzas Armadas
Finalmente, el exministro se refirió al debate sobre el eventual ingreso de Chile a la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C) y la participación militar en seguridad pública. En esta materia, respaldó la postura del Ministerio de Defensa de resguardar el rol tradicional de las instituciones armadas. De forma categórica, precisó: «Chile tiene y ha tenido una doctrina en materia de política de defensa. El combate al crimen organizado y narcotráfico es principalmente una labor policial y de la persecución penal. Y no le corresponde a las Fuerzas Armadas. Las experiencias en América Latina de involucrar a las Fuerzas Armadas en combates contra el crimen organizado solo son negativas en general».
Asimismo, subrayó que el enfrentamiento al narcotráfico exige herramientas de inteligencia financiera más que despliegues milicianos. Sobre este aspecto, aseveró: «El crimen organizado es ante todo una estructura empresarial ilegal altamente rentable, de manera tal que ningún combate al crimen organizado es completo si solo se aborda desde la perspectiva de la persecución penal y policial. Lo relevante es combatir las estructuras de ganancia».
Para concluir, Cordero enfatizó los peligros de desvirtuar las tareas constitucionales de las Fuerzas Armadas. Sobre los riesgos asociados, puntualizó en Palabras Sacan Palabras: «Desnaturalizar la función de las Fuerzas Armadas implica riesgos. Su función está vinculada a resguardar la soberanía del país. Y por lo tanto su formación y su educación están hechas para abordar estos temas en una relación distinta a la seguridad pública interior».
