Diputado Raúl Leiva (PS) y la imputación del ministro Rabat: «El Ejecutivo no puede asumir la tesis de los defensores de violadores de niños»
La Fiscalía Centro Norte confirmó que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, figura en calidad de imputado dentro de una causa penal por prevaricación administrativa. Esta investigación judicial surge en medio de una compleja crisis política desatada por la firma de decretos que concedieron rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Asimismo, la arista penal se desarrolla en forma paralela a los avances de una acusación constitucional impulsada por parlamentarios en el Congreso Nacional.
En este contexto, el diputado del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, ratificó en Palabra Que Es Noticia la necesidad de exigir responsabilidades políticas inmediatas ante el grave impacto de las decisiones adoptadas por la cartera de Justicia. El parlamentario señaló que mantener al titular de la cartera en su gabinete resulta insostenible para el propio Gobierno. Por consiguiente, afirmó: «Nos parece inconcebible y un manto de impunidad política que el propio presidente de la República señale que se ha cometido un grave error y que la promesa del gobierno era colocar a las víctimas en primer lugar y a los delincuentes en su lugar y no se cumplió, y lo mantenga en su cargo».
La prohibición legal de 2022 y la controversia sobre los beneficios
Por otro lado, la discusión técnica se centra en el cumplimiento de la Ley 21.421 de 2022, la cual modificó la Ley 19.857 sobre beneficios carcelarios. Según el legislador socialista, dicha legislación estableció un marco estricto que no deja espacio a interpretaciones administrativas por parte del Ejecutivo. De este modo, la normativa prohíbe explícitamente cualquier reducción de penas a condenados por abusos sexuales a menores.
Al respecto, Leiva recalcó el espíritu del texto legal aprobado en el Congreso Nacional. En esa línea, el diputado subrayó: «Esa norma señala que no se puede entregar ningún tipo de beneficio, ninguno, a violadores de menores de edad. Esa ley es del año 2022 y establece un mandato imperativo para el Ejecutivo». Además, agregó que «el año 2022, por la unanimidad del Congreso Nacional, se tomó la decisión de que estos beneficios de rebaja de condena no se pueden entregar a violadores de niños».
Frente al argumento del ministro Rabat sobre acatar fallos previos de la Corte Suprema, Leiva aclaró que las sentencias judiciales no fijan una norma de aplicación general. En consecuencia, explicó: «La jurisprudencia o las sentencias de una causa en particular no son vinculantes, sino que solo respecto de esa causa; no forman una idea general de interpretación de la norma».
La obligación constitucional del Ejecutivo y los cambios de criterio
En segundo lugar, el parlamentario distinguió entre las facultades del Poder Judicial y el rol que la Constitución asigna al Gobierno. En ese sentido, sostuvo que a los secretarios de Estado les corresponde ejecutar la ley de forma estricta. Por esta razón, ante eventuales dudas sobre la constitucionalidad de un precepto legal, la autoridad debe recurrir a los tribunales y no omitir la norma aplicable.
Sobre esta materia, Leiva enfatizó el principio de legalidad aplicable al Ministerio de Justicia. Por lo tanto, aseveró: «El señor ministro pudo haber tenido una opinión respecto de esa norma: ‘considero que es inconstitucional’. Sin embargo, por eso se llama Ejecutivo, porque a él le corresponde ejecutar las normas».
Asimismo, el diputado socialista cuestionó la falta de coherencia en las resoluciones firmadas por la autoridad administrativa durante su gestión. En este sentido, detalló los continuos virajes de criterio del Ministerio de Justicia en pocos meses. Específicamente, sostuvo: «Entre marzo y mayo él lo que hizo fue rechazar todos los recursos de amparo, siguiendo la doctrina de los dos gobiernos anteriores; luego de mayo a octubre los aprobó, y luego de octubre en adelante los suspendió habiendo una misma Constitución». De la misma forma, concluyó: «Tuvo tres criterios distintos respecto de una misma norma, ergo, ese mandato constitucional obligatorio y perentorio que él señalaba no corresponde porque él se contradice con sus propios argumentos».
Exigencias en derechos humanos y riesgos sistémicos para la seguridad
Por otra parte, la polémica abarca resoluciones sobre condenados por crímenes de lesa humanidad. En este ámbito, Leiva recordó que el país debe respetar estándares internacionales como el Estatuto de Roma. Por consiguiente, la rebaja de penas exige el cumplimiento estricto de requisitos adicionales e imperativos.
En relación con los tratados internacionales ratificados por Chile, el parlamentario especificó el marco regulatorio vigente. En esta línea, puntualizó: «El Estatuto de Roma, que está reconocido en nuestro país como tratado internacional, impide entregar beneficios a aquellos que no tengan dos tercios de la pena. Pero tiene otros dos requisitos que son copulativos e imperativos: uno, que hayan reconocido el delito cometido y su gravedad; y en segundo lugar, que hayan colaborado sustancialmente con el proceso».
Adicionalmente, Leiva advirtió sobre las graves consecuencias que generaría consolidar la tesis jurídica planteada por la defensa del ministro. Según explicó, adoptar el criterio de irretroactividad sostenido por el Ejecutivo impediría aplicar futuras reformas legales contra la delincuencia organizada. Sobre este peligro, advirtió: «Lo más grave es que el ministro con su tesis que apoya hoy día en los tribunales está haciendo el mismo discurso que realizan los defensores de violadores de niños. Si se mantiene esta tesis de que esta es una norma penal sustantiva, eso impediría que en lo sucesivo no podamos modificar ninguna norma. Por ejemplo, aplicar el artículo 41 bis para que los líderes del Tren de Aragua tengan una segmentación mayor al interior de las cárceles».
Acusación constitucional e insistencia del Gobierno
Finalmente, el diputado abordó el camino legislativo de la acusación constitucional contra el ministro Jaime Rabat. Aunque el libelo posee un componente político, el legislador remarcó que existe una sólida fundamentación jurídica tras las infracciones observadas.
Por estas razones, Leiva manifestó su incomprensión ante la postura asumida por el Ejecutivo para respaldar a la autoridad imputada. Con respecto a esta situación, expresó: «Nadie entiende por qué el presidente insiste de manera contumaz en mantener al ministro Rabat. De verdad, nadie lo entiende. Este es un tema de convicción en materia de protección de los niños y niñas violados».
En conclusión, el parlamentario del Partido Socialista reafirmó su decisión personal y política de agotar todas las instancias institucionales para evitar impunidad. De forma categórica, finalizó en Palabra Que Es Noticia: «Como papá, no me voy a quedar de manos cruzadas viendo que una persona con un descriterio absoluto y una infracción a la ley y a la Constitución permite que personas que hayan violado a niños de 8 años estén libres antes en el año».
