«El ministro Rabat de hace cinco meses desmiente al ministro actual»
La gestión del ministro de Justicia, Jaime Rabat, se encuentra en el centro del debate público tras conocerse la entrega de beneficios penitenciarios a condenados por delitos graves. En una reciente intervención ante la Cámara de Diputados, el secretario de Estado sostuvo de forma oficial que la legislación vigente no le otorgaba margen de acción para rechazar las decisiones adoptadas por las comisiones regionales de rebaja de condena.
Sin embargo, una revisión documental realizada por el centro de investigación periodística CIPER desmontó dicha justificación. Los hallazgos confirman que la autoridad ministerial sí aplicó un criterio muy distinto durante los primeros meses de la presente administración.
En entrevista con Palabra Que Es Noticia, el director de CIPER, Pedro Ramírez, explicó que la fundamentación entregada ante el Poder Legislativo causó profunda perplejidad. Por esta razón, el equipo periodístico decidió contrastar la versión oficial directamente con los registros del Poder Judicial.
El periodista remarcó la gravedad del planteamiento gubernamental. Al respecto, declaró: «Ustedes comprenderán que cuando un ministro de Justicia va y dice que la última palabra en Chile sobre si homicidas, gente que cometió robos con violencia, estafadores, violadores y abusadores de niños pueden dejar la cárcel pertenece a estas comisiones que prácticamente todos los chilenos desconocíamos, y que sobre eso ni el Presidente de la República tiene poder, nos pareció una explicación sorprendente».
Los litigios que desmienten la versión oficial
Frente a este escenario, los profesionales de CIPER examinaron en detalle los recursos de amparo presentados por diversos reclusos entre los meses de marzo y mayo de este año. En consecuencia, la investigación comprobó que el Ministerio de Justicia rechazó de manera sistemática las solicitudes de rebaja de pena presentadas por las comisiones.
Además, el Ejecutivo recurrió a los tribunales superiores para defender su postura de oponerse a estos beneficios penitenciarios. De los nueve casos revisados en las Cortes de Apelaciones, el Ministerio de Justicia obtuvo el triunfo en seis oportunidades.
Por lo tanto, la justicia respaldó la facultad de la autoridad administrativa para negar la rebaja de penas en la mayoría de los asuntos litigados. Pese a estos fallos favorables, a mediados de junio se produjo un brusco e inesperado giro en la doctrina del Ministerio.
Al respecto, Pedro Ramírez enfatizó la contradicción entre las acciones iniciales de la cartera y su discurso reciente. En sus palabras: «El Rabat de hace 5 meses desmiente al Rabat actual, porque el Rabat de hace 5 meses sí siguió un camino que la ley le permitía, había una alternativa dentro de la legalidad para oponerse y además le estaba dando muy buenos resultados».
En la misma línea, el profesional subrayó que la narrativa presentada por el Ejecutivo ante los parlamentarios carece de respaldo fáctico. Sobre esto, aseveró: «La versión que entregó el ministro a la Cámara de Diputados no se sostiene en los hechos, no es correcta».
Cambio de doctrina y control de comisiones
Por su parte, el titular de Justicia justificó el cambio de conducta aludiendo a resoluciones posteriores emitidas por la Corte Suprema. Según la autoridad, un fallo adverso calificó de ilegal la negativa del Ministerio, forzando un cambio de estrategia.
No obstante, esta decisión implicó abandonar por completo la defensa judicial de estas causas en los tribunales. Desde aquel instante, la secretaría de Estado comenzó a ratificar administrativamente cada uno de los beneficios aprobados por las comisiones regionales.
Refiriéndose a esta transformación, Ramírez detalló la nueva dinámica asumida por el Ministerio. El periodista sostuvo: «Él cambia esa doctrina y ya ni siquiera litiga, sino que a cualquiera de estas personas que estas comisiones le aceptan su solicitud, él administrativamente también la ratifica en un decreto».
Por otro lado, la investigación de CIPER encendió las alarmas sobre la composición de las comisiones de rebaja de condena de las Cortes de Apelaciones. Aunque están compuestas por siete miembros, tres de ellos son designados directamente por el Ministerio de Justicia a través de sus Secretarías Regionales Ministeriales.
Consecuentemente, el Ejecutivo posee un peso determinante dentro de estas instancias locales. En este sentido, Ramírez puntualizó: «Tenemos comisiones de siete miembros en los que ya hay tres que van a reproducir el criterio Rabat. Basta que un juez de los otros cuatro esté de acuerdo para que esta posición constituya mayoría».
Riesgos en derechos humanos y cuestionamiento político
En este contexto, diversos sectores analizan las implicancias futuras de la postura sostenida por el Ministerio de Justicia. Existe preocupación respecto de que esta doctrina siente un precedente aplicable a condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.
Al ser consultado sobre este aspecto, el director de CIPER advirtió sobre las eventuales repercusiones de consagrar la inamovilidad de los dictámenes de las comisiones. El profesional expresó: «Podría estarse incubando una doctrina que finalmente desemboque en que cuando estas comisiones aprueben la rebaja para estas personas, la autoridad nos diga: ‘No tengo nada que hacer, tengo que agachar el moño'».
No obstante, Ramírez aclaró que los tratados internacionales suscritos por Chile y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos impiden conceder beneficios como la media prescripción en delitos de lesa humanidad. Aun así, la discusión adquiere un tono complejo en la esfera pública.
Finalmente, el debate sobre el criterio ministerial trasciende los delitos de agresión sexual a menores. La publicación de nuevos reportajes dio a conocer decretos que conceden rebajas de pena a narcotraficantes extranjeros.
Si bien no existe una prohibición legal expresa para este último grupo, la situación genera críticas respecto a los compromisos asumidos ante la ciudadanía. Frente a ello, Ramírez concluyó en Palabra Que Es Noticia: «No hay una prohibición legal para entregarles el beneficio a ellos, pero sí un reproche político en el sentido de que usted dijo que no lo iba a hacer y lo está concediendo de igual manera».
